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PREPARACIÓN DE UN ACTA DE POLÍTICA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Orientaciones para líderes ministeriales

por Phil Bartle,PhD

traducción de Mª Lourdes Sada


Documento de referencia

1. Introducción (propósito):

En muchos proyectos puede haber algunos objetivos relacionados con cambios en el entorno (político y administrativo) en el que se llevan a cabo las intervenciones para el desarrollo comunitario. Entre ellos, por ejemplo, «los líderes, expertos técnicos y funcionarios cambian su planteamiento de suministro a uno de respaldo a la autoayuda». Otros objetivos se referirán al desarrollo e institucionalización de programas y acciones encaminados a la potenciación de comunidades de bajos ingresos por parte de los ministerios y departamentos correspondientes, y a la orientación de las organizaciones no gubernamentales para que realicen adecuadamente su trabajo.

Tanto para crear un marco legal e institucional como para que gobierno sea capaz de asumir un papel de liderazgo en el desarrollo comunitario, es necesario contar con un protocolo de política oficial, aprobado por el gobierno, que recopile sus principios e intenciones con respecto al desarrollo comunitario.

Este documento proporciona algunas orientaciones y sugerencias sobre la elaboración y utilización de un acta de ese tipo (creación de una nueva o revisión de una ya existente). Como sucede con la mayoría de los documentos orientativos de estas series, no es definitivo. Pretende su aportación, y será modificado y actualizado en respuesta a las reacciones que obtengamos. Por favor, únase a nuestro diálogo.

La estructura de este documento es simple: (1) comienza con sugerencias sobre procedimientos para crear, desarrollar, modificar, editar, perfeccionar y legitimar un acta; (2) continúa con  los contenidos, que pueden modificarse o ampliarse según se desarrolla el acta y (3) termina con algunas sugerencias sobre cómo utilizar el protocolo político.

2. Procedimientos:

Para asegurarse de que el protocolo político es comprensible, útil, relevante y refleja los «deseos del pueblo», su elaboración debe ser tan participativa y consultiva como sea posible. Definitivamente, la participación en su creación y desarrollo no debe limitarse a los funcionarios, a los encargados del desarrollo comunitario o a cualquier otra categoría profesional específica: la participación debe tener una base amplia. Tiene que contar con los interesados de todos los niveles: grupos de abogados, OBC y comités de implementación, grupos de compromiso cívico, agricultores, trabajadores de la sanidad, analfabetos, legisladores, autoridades locales, ONG nacionales e internacionales, estudiantes, profesores.

Es decir, gente perteneciente a todos los aspectos de la vida.

La participación completa de todos (los que se listan arriba) es imposible. La alternativa práctica es poner en marcha un procedimiento que permita un máximo de aportación por parte de los interesados. La tarea de coordinar la creación y producción del documento se debe asignar a un pequeño «destacamento» compuesto, por ejemplo, de cuatro personas. Este grupo debe contar al menos con un trabajador comunitario profesional (experto en desarrollo comunitario) y un funcionario de una ONG. La tarea del destacamento debe ser elaborar un primer borrador, repartirlo a los demás para obtener sus reacciones, organizar una serie de talleres para su edición y finalización, y preparar una copia final para presentar al parlamento.

Cuando el documento esté finalizado, los funcionarios deben presentárselo al ministro, que lo expondrá al parlamento para su aprobación. Puede ir acompañado por cualquier documento pertinente para la información de los miembros del parlamento (como descripciones y análisis de condiciones y necesidades; ventajas relativas de facilitar la participación).

3. Contenidos del protocolo político:

Los puntos siguientes son un conjunto de temas sobre lo que incluir o no en un protocolo político. Está incompleto. Su propia experiencia en desarrollo comunitario o en elaboración de borradores de este tipo de actas es una importante fuente para modificar o ampliar estos temas. No dude en enviar sus contribuciones si las considera adecuadas.

3.1. La política debe ser política:

Un protocolo político debe ser una codificación de la política de un país. Como «prueba de fuego» del contenido, puede preguntarse en cada frase: «¿Dice qué hacer o qué no hacer (quién, a quién, con quién o a través de quién)?» Muchos protocolos de política se diluyen o debilitan a causa del material descriptivo sobre la sociología y la historia de las comunidades o de su desarrollo. Un protocolo político no es un ensayo universitario. Los componentes descriptivos y analíticos pueden ponerse en un documento aclaratorio adjunto (quizá para convencer a los miembros del parlamento de la necesidad de una política determinada) pero no se debe incluir en el propio protocolo de política.

3.2. Claridad y definiciones precisas:

El desarrollo y la participación comunitarios están plagadas de interpretaciones diferentes y discrepantes. El uso de palabras clave en el texto del documento debe ser precisa, específica e inequívoca. Tiene que apoyarse en una lista de definiciones que se adjunta como apéndice al protocolo político, aprobada para integrarla al documento. Las palabras y frases definidas en este apéndice deben incluir (aunque no tienen que limitarse a) las siguientes:

Responsabilidad, animación, capacidad, OBC, CBR, comunidad, potenciación comunitaria, gestión comunitaria, basado en la comunidad, consulta, desarrollo, alfabetización funcional, asentamiento humano, generación de ingresos, intervención, autoridad local, movilización, ONG, participación, asociación, ASP, pobreza, sustentabilidad, adiestramiento, transparencia, organización de la unidad y valor añadido.

Quizá a usted se le ocurran otras palabras y conceptos clave.

Todas las definiciones, y la utilización de estas palabras en el texto, deben ser específicas e imposibles de interpretar en más de una forma. Esto ayudará a evitar errores de comprensión y acciones conflictivas o contradictorias por parte de los que implementan el trabajo comunitario.

3.3. Organizaciones no gubernamentales:

Las ONG han venido para quedarse. Aumentan en número, tamaño, variedad, impacto e influencia. Los gobiernos no tienen los recursos, la flexibilidad o la autoridad para hacer todo el trabajo comunitario sin apoyo de las ONG. Las más maduras, profesionales, éticas y orientadas a desarrollo querrán ser parte integrante de la política de reducción de la pobreza, la potenciación comunitaria y la democratización de un país.

Considerarán un protocolo político bien formulado como una aclaración muy necesaria para saber cuáles son realmente los líderes y cuál debe ser la orientación de su trabajo.

No sólo hay que invitar a los representantes de las ONG a participar en el borrador de una política de desarrollo comunitario, sino que un segmento importante de la política debe dedicarse a la orientación de las ONG nacionales e internacionales. Como mínimo, la política debe definir qué información deben proporcionar las ONG al ministerio, por ejemplo; objetivos, métodos, áreas de intervención, resultados de las actividades, supervisión y evaluación, en forma de planes, presupuesto, registros e informes. Se recomienda hacer cuatro informes trimestrales al año.

El ministerio, a cambio, tiene que desempeñar su papel filtrando y resumiendo los informes de las ONG, evaluando las áreas (profesionales y geográficas) débiles y necesitadas, y proporcionando orientación y liderazgo a las ONG.

3.4. Comunicación y contactos:

El ministerio debe facilitar las condiciones para que los funcionarios de distrito que trabajan en desarrollo comunitario compartan sus experiencias y conocimiento con todas las ONG que hagan trabajo comunitario. Puede ser en forma de una circular regular, complementada con extractos de noticias ocasionales. Las reuniones anuales pueden ser muy beneficiosas.

El ministerio puede también ponerse a la vanguardia de la utilización de tecnologías de la información, estableciendo y manteniendo un sitio web en los que se publiquen sus comunicados, además del material de adiestramiento y de las experiencias compartidas por los funcionarios de desarrollo comunitario y las ONG.

3.5 Adiestramiento y actualización:

El gobierno debe ser el eje del adiestramiento interno y de la actualización de la formación profesional de los trabajadores comunitarios dentro y fuera del gobierno. (Los trabajadores comunitarios pueden estancarse, quedarse anticuados o agotarse fácilmente, y el adiestramiento es una forma de revitalizarles). Muchos de estos servicios están disponibles, a menudo de forma gratuita, y con frecuencia los trabajadores comunitarios no están enterados.

La política del gobierno debe pasar por una actualización y profesionalización continuas de los trabajadores del desarrollo comunitario en activo, enseñándoles los nuevos métodos y técnicas que aparezcan, e integrando la experiencia práctica con la teoría y la bibliografía.

3.6. Propósito y núcleo:

El propósito del protocolo político debe estar claramente establecido. Su intención es aclarar y recopilar las políticas nacionales relativas al desarrollo comunitario. Debe preconizar la potenciación sobre la dependencia, la transparencia sobre el secretismo, la acción afirmativa hacia las personas vulnerables, el equilibrio entre los sexos, la buena gestión, la democratización y la planificación.

3.7. Roles de los actores:

El protocolo político debe dedicar un capítulo –o aún mejor, un apéndice– a definir los roles de los actores clave y de los interesados. Hay que identificar y describir el papel que desempeña cada uno y definir las relaciones entre ellos. Esta lista debe incluir, aunque no tiene que limitarse a:

Miembros de la comunidad, líderes comunitarios, coordinadores, autoridades regionales o comarcales, representantes de los donantes, agencias ejecutivas, autoridades locales, ministros, activistas o animadores, funcionarios de ONG, directivos de ONG, representantes en el país de ONG, políticos, funcionarios ministeriales de alto nivel, comités de dirección, grupos (o personas) destinatarios y otros responsables o participantes en el desarrollo comunitario.

La lista debe abarcar actores e interesados gubernamentales y no gubernamentales.

4. Utilidad:

Un protocolo político, incluso si ha sido aprobado por el parlamento, no tendrá ningún efecto si luego se archiva e ignora. Su valor, su utilidad, reside en el resultado lo que suceda después. La política no sólo debe leerse, sino también discutirse y comprenderse, no sólo por parte de los trabajadores comunitarios, sino también por la de sus supervisores, directivos y planificadores, líderes y funcionarios de todos los niveles que controlen o puedan influenciar lo que pasa en las comunidades.

La producción del protocolo debe tratarse como una oportunidad para abogar por los principios plasmados en el acta. Se deben imprimir y distribuir muchas copias en las librerías, encuadernadas e ilustradas, a precios subvencionados, por todo el país. Cada delegación ministerial y cada ONG que trabaje en desarrollo comunitario debe recibir una copia gratis.

Se deben organizar varios talleres, de ámbito nacional y de distrito, que incluyan a todos lo interesados. Estos talleres no se deben limitar a divulgar el conocimiento y asegurar la comprensión de la política, sino que deben estimular a los participantes para que luego formulen programas (para sus distritos y para la nación) de potenciación comunitaria, basados en los principios plasmados en la nueva política.

El ministerio puede hacer todo esto, producir, aprobar e utilizar un protocolo político, sin incrementar su presupuesto. Muchos donantes externos (gobiernos, ONG) están deseando contribuir a una tarea como ésta, mientras el ministerio muestre el liderazgo, la motivación, y el deseo de llevarla a cabo.

5. Conclusión:

Un protocolo político de desarrollo comunitario es una herramienta necesaria para aclarar, abogar y apoyar la potenciación de las comunidades de bajos ingresos de un país. Su creación y contenido deben nutrirse de las aportaciones de un amplio grupo de interesados. Su elaboración debe ser tan participativa como sea posible.

Debe ser aprobado por la mas alta instancia política y legislativa del estado, después distribuida a todos los distritos y ONG del país, y convertirse en el tema de talleres por todo su territorio. Su tarea es aclarar y recopilar la visión del pueblo sobre su participación en su propio destino.

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© Derechos de autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
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Última actualización: 13.04.2011

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